domingo, 12 de enero de 2014

GOBIERNOS MÁS ÍNTEGROS


11 de mayo de 2005

El tema del combate a la corrupción es relativamente nuevo en el mundo y toma auge a mediados de los noventas. En nuestro país aunque el tema no es nuevo, es en ésta Administración que  el gobierno federal ha adoptado  las ideas más avanzadas propuestas por los expertos en el tema. El reto ahora para los  gobiernos estatales y municipales es llevar  a cabo  acciones y programas encaminados a abatir este problema en el ámbito local.

En un artículo anterior he hablado del fundador y Presidente de Transparencia Internacional (TI), Peter Eigen, quien en un libro reciente menciona que  Transparencia Internacional  propone seis pilares para el combate a la corrupción en un país. A continuación mencionaré brevemente algunas de las acciones que se han llevado a cabo para cada  uno de ellos en la  Administración del Presidente Fox  a nivel federal:

  1. Que los dirigentes políticos se declaren públicamente en contra de la corrupción. Dos de los primeros actos de gobierno del Presidente Fox  apuntan en este sentido: el día de su toma de posesión en una ceremonia pública anunció el establecimiento de un Código de Ética para todos los funcionarios públicos y ese mismo día lo asumieron el gabinete legal y ampliado; la creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, en donde el  gabinete en pleno y los titulares de las empresas descentralizadas más importantes acuerdan e implementan la estrategia anticorrupción del gobierno federal.

  1. El desarrollar un programa nacional para implantar un programa anticorrupción. En abril de 2002 se publicó en el diario oficial el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 que rige los esfuerzos  en estos temas para la  Administración Pública Federal.  Las estrategias y acciones allí planteadas se han venido llevando a cabo desde el inicio de esta Administración.


  1. Una reorganización de la administración y los centros administrativos. Desde la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental  junto con la Secretaría de la Función Pública se ha venido implementando una Agenda de Buen Gobierno que ha logrado entre otras cosas el identificar y realizar una reingeniería de  los procesos de mas alto impacto a la ciudadanía; ha impulsado la certificación para la calidad en muchos procesos gubernamentales; se han  implantado numerosos servicios electrónicos; se ha impulsado  la simplificación administrativa a través de la mejora regulatoria; y se ha logrado una reducción en el gasto administrativo de las dependencias.

  1. Elaborar y promulgar leyes adecuadas. Tres leyes de la mayor importancia para el combate a la corrupción han sido promulgadas en esta administración: la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con lo que se ha mejorado el esquema de obligaciones y sanciones a los servidores públicos y se reducen los riesgos de impunidad de los mismos. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con lo que las personas pueden pedir cualquier tipo de información al gobierno federal (Con algunas excepciones como asuntos de seguridad nacional y  datos personales);  con ello la ciudadanía puede pedir cuentas de cómo se gastan los recursos públicos, se dan las plazas,  se otorgan permisos y concesiones,  entre otras asuntos;  y finalmente la ley del Servicio Profesional de Carrera con la cual los servidores públicos de mando se profesionalizan al tener la posibilidad de hacer carrera en el servicio público federal, evitando los movimientos a que estaban sujetos en los cambios de Administración. Con esta Ley también se evita la corrupción que ocurría en los últimos años de una Administración pues al tener la certeza de que ya no iban a continuar en el puesto y ante la incertidumbre laboral muchos malos funcionarios se dedicaban a sustraer recursos para garantizar su futuro económico.

  1. Informar a la población y darle acceso a la información necesaria. La Ley de Transparencia antes mencionada obliga al gobierno federal a publicar información, en  especial  aquella referente a sueldos, presupuestos, organigramas, directorios de funcionarios entre otros que antes eran prácticamente un secreto. También a través de un sistema electrónico sumamente ágil se puede pedir la información que se desee a las instituciones del gobierno federal y en caso de negativa, se puede recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información como una instancia de apelación cuyas decisiones son de carácter obligatorio para el gobierno federal.

  1. Crear instituciones cuyo cometido sea la lucha contra la corrupción. La Secretaría de la Función Pública existe con otro nombre desde 1982. Sin embargo en esta Administración se le ha dado un nuevo enfoque orientado a la prevención pero sin dejar de sancionar a  aquellos servidores públicos que hayan violado las disposiciones administrativas que les aplican. Este enfoque preventivo ha contemplado cambios estructurales en el gobierno federal que ponen barreras a la corrupción, en lugar de solo sancionar sin corregir de fondo los riesgos de corrupción. Asimismo la Comisión Intersecretarial que mencionamos anteriormente ha vuelto obligatorio el que cada institución del gobierno federal tenga sus programas operativos para la transparencia y combate a la corrupción con un número muy importante de riesgos identificados y un seguimiento trimestral de las acciones encaminadas a abatir dichos riesgos.

El esfuerzo del gobierno federal para combatir la corrupción ha seguido los lineamientos expresados por la prestigiosa Transparencia Internacional. Con ello el gobierno federal avanza en ésta materia y así lo ha reconocido el propio Peter Eigen. Es importante ahora que estados y  municipios  también se unan a este esfuerzo a través de desarrollar una estrategia que puede ser similar a la que recomienda Transparencia Internacional. El abatir los riesgos de corrupción elevará aún más la ya alta calidad de vida en Aguascalientes y reforzará el que la sociedad tenga plena confianza en sus gobernantes.



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