25 de mayo de 2005
Quizá para algunos lectores les resulte poco conocida
esta Secretaría del gobierno federal y se pregunten que es lo que hace. Comenzaré
por mencionar que la visión de la SFP es el que la sociedad tenga confianza y
credibilidad en la Administración Pública Federal. Su misión es abatir la
corrupción y darle transparencia a la actuación de las instituciones y de los
servidores públicos federales.
Esta Secretaría tiene como antecedente a la Secretaría de la Contraloría la cual se creó en 1982 para vigilar las acciones del gobierno federal. El
Presidente de la Republica necesitaba un auditor interno con capacidad de
sancionar a los malos servidores públicos que cometían actos de corrupción u
otro tipo de irregularidades. Desde entonces, esta Secretaría ha tenido algunos cambios de nombre y atribuciones. A partir de abril de 2003 cambió
su nombre de Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a Secretaría
de la Función Pública. El cambio de nombre también refleja un cambio
importante en los trabajos que la Secretaría
venía ya desarrollando desde el inicio de la Administración del Presidente Fox con
nuevas responsabilidades y un enfoque más preventivo.
La SFP es una entidad globalizadora, esto es, que
tiene ingerencia en toda la Administración Pública Federal (APF), excepto en
aquellos organismos con autonomía constitucional como el Instituto Federal Electoral
o el Banco de México. Sus trabajos los
desarrolla a través de sus oficinas centrales que son relativamente pequeñas y
mediante 214 Órganos Internos de Control (OIC´s) que se encuentran localizados
en otras tantas instituciones de la APF.
Las actividades principales de estos OIC´s empiezan
por la realización de auditorías, las
cuales pueden generar observaciones cuando detectan irregularidades. Con estas
observaciones se elaboran recomendaciones
para prevenir que vuelvan a ocurrir y acciones que corrijan las
irregularidades en plazos determinados.
En aquellos casos en donde las irregularidades
encontradas representan violaciones a leyes y otras normas, a los servidores públicos que sean
encontrados responsables de dichos actos se les instauran procesos
administrativos de responsabilidades con lo que se pueden hacer acreedores a sanciones
que van desde una amonestación privada hasta la inhabilitación para ocupar
cargos en el gobierno federal hasta por veinte años. Si el servidor público ha
causado algún daño al patrimonio de la Institución, ya sea por que se benefició
personalmente del mismo o porque sus
actos ocasionaron este daño o perjuicio, también se le aplica una sanción
económica que puede ser hasta tres veces el valor del daño.
Otra función que
realizan los OIC’s es la recepción de
quejas y denuncias. En la Administración del Presidente Fox, este es un aspecto
que se ha reforzado de manera importante, impulsando el que los ciudadanos
denuncien a los malos servidores públicos a fin de abatir las prácticas de
corrupción. La queja o denuncia puede ser totalmente anónima y es importante
que se proporcionen datos específicos de cuando ocurrió, en que lugar y como sucedieron las cosas a fin de tener pruebas
sólidas que permitan establecer plenamente la responsabilidad del funcionario
corrupto. Aún si no tienen muchos detalles las quejas y denuncias se investigan
y resuelven, informando al quejoso.
También los OIC´s participan en los comités de
adquisiciones de las instituciones como asesores y atienden y resuelven
inconformidades que presentan proveedores, pudiendo sancionar a proveedores que
violen las leyes de adquisiciones y obra pública o en su caso a los malos servidores públicos.
Cada una de estas actividades tiene una
autoridad normativa a cargo de un
subsecretario que se encuentra en las oficinas centrales de la Secretaría.
A estas atribuciones se ha agregado en la presente Administración la función de buen gobierno. Estas actividades se han integrado en un área nueva
de los OIC´s y se ha creado una Subsecretaría a cargo de estas nuevas
funciones. Con ello se la ha dado un giro a las actividades de la Secretaría
que contemplan aspectos más preventivos en materia de combate a la corrupción. Ahora
un porcentaje importante del personal de
los OIC´s actúa con carácter
eminentemente preventivo bajo estas nuevas atribuciones.
Asimismo se les ha dado responsabilidades muy
relevantes a los OIC´s en materia de la Ley Federal de Transparencia y la Ley
del Servicio Profesional de Carrera, ambas
de reciente promulgación.
Haciendo una analogía con la Secretaría de Salud, se ha fortalecido la prevención, tales como
las campañas de vacunación, en lugar de dedicarle más recursos a la cura de enfermos. Este es un
giro muy importante porque si bien la labor de sancionar a los malos servidores públicos es importante y
hay que hacerlo siempre, también es cierto que es mejor prevenir las conductas
inadecuadas de servidores públicos a castigarlos cuando ya realizaron estas
conductas.
También el esfuerzo preventivo se realiza desde las oficinas
centrales de la Secretaría. La subsecretaría creada en esta Administración se dedica a implantar la Agenda de Buen
Gobierno en la APF en cuatro de sus seis
líneas estratégicas: gobierno de calidad, gobierno profesional, gobierno digital y gobierno con mejora
regulatoria. La línea de gobierno que cueste menos se desarrolla desde la
Secretaría de Hacienda y la línea de gobierno honesto y transparente
desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia
y el Combate a la Corrupción, unidad adscrita también a la SFP. Estas líneas de la Agenda de Buen Gobierno no
solo mejoran la eficiencia y eficacia de la APF sino son importantes
herramientas para abatir la corrupción. Por ejemplo, la automatización de
trámites y servicios usando herramientas de gobierno digital evitan la interacción
de servidores públicos con la ciudadanía,
lo que permite reducir oportunidades de corrupción. Un ejemplo de ello son los
cajeros automáticos que reciben el pago del servicio de energía eléctrica en
las sucursales de la Comisión Federal de Electricidad.
Se ha cambiado el enfoque y el nombre de la antigua
Contraloría Federal para dedicar muchos mas esfuerzos a las tareas preventivas
y a la mejora de los procesos internos de las instituciones del gobierno
federal. Con ello se avanza en el combate a la corrupción, se mejoran los servicios públicos y se
privilegia la transparencia y la rendición de cuentas. En Aguascalientes se
podrían tomar algunas experiencias de lo que se hace a nivel federal para
incorporarlas a los trabajos de la Contraloría estatal y las contralorías municipales, las cuales de
considerarlo conveniente, de seguro tendrán
todo el apoyo del gobierno federal.
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