BLINDAJE ELECTORAL

12 de abril de 2006

En un ejercicio inédito en nuestro país  el gobierno federal está impulsando un programa de blindaje electoral cuyo objetivo es el evitar que los recursos públicos se utilicen para favorecer a cualquier candidato o partido político y con ello también evitar que los servidores  públicos cometan algún delito electoral. Para ello también se están sumando estados y municipios y prueba de ello es el convenio que el Gobierno de Aguascalientes suscribió el viernes 7 de abril con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Hasta el año 2000 y desde los años veinte del siglo XX,  la regla era que los gobiernos federal, estatal y municipal intervinieran con recursos públicos para favorecer a un partido y sus candidatos. La lista de irregularidades que se registraban era muy amplia. Desde condicionar la entrega de apoyos sociales para forzar a que los beneficiarios votaran por un partido, hasta el uso indiscriminado de vehículos oficiales, personal del gobierno apoyando campañas políticas, oficinas gubernamentales a disposición de un partido político, proselitismo en oficinas gubernamentales, descuento de cuotas partidistas por nómina, uso de espacios de televisión y radiodifusión del gobierno para apoyo de un partido, y un largo etcétera que por años hicieron de la contienda electoral una simulación.

Todas estas prácticas, a pesar de que en la Ley se tipificaban ya como delitos, se veían con naturalidad y se podían realizar con impunidad. Los funcionarios eran “comisionados” para trabajar en la campaña política de un partido. Las instituciones realizaban trabajos de apoyo electoral como la pinta de bardas, la impresión de propaganda, el reparto de la misma e incluso en ciertos casos hasta la realización de encuestas políticas utilizando recursos especializados de algunas instituciones del gobierno federal.  Prácticamente todas las instituciones del gobierno se ponían al servicio de esa enorme máquina electoral que permitió sostener a un partido en el poder por muchos años, haciendo la contienda electoral sumamente adversa para los partidos de oposición.

El alcanzar la democracia y una contienda electoral en condiciones justas es una hazaña del pueblo de México que ha logrado así, hacer respetar el voto y la voluntad de la ciudadanía. Las elecciones de estado hoy ya son cosa del pasado y la contienda política es libre y en condiciones justas. Existen también instituciones como el IFE que han ido permitiendo estos avances extraordinarios.

Signo de estos nuevos tiempos y del cambio que ha transformado al gobierno, hoy en día se impulsa este programa de blindaje electoral que pretende erradicar los abusos del pasado y permitir una contienda justa para todos los candidatos y todos los partidos.

En el seno de la última sesión de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la administración Pública Federal (CITCC) se tomó el acuerdo de que todas las instituciones del gobierno federal (Existen alrededor de 240 en el gobierno federal, desde Secretarías de Estado, pasando por empresas paraestatales, organismos desconcentrados, institutos de investigación, hospitales, puertos, aeropuertos,  etc.) se pondrían a trabajar para tomar medidas de carácter preventivo y correctivo para la prevención del delito electoral y para evitar el uso de recursos públicos en las elecciones que se avecinan.

Para ello  se diseñó una estrategia de despliegue llamado blindaje electoral, el cual  incluye la realización de un diagnóstico de áreas de riesgo y el comprometer acciones para la prevención de estos riesgos. Así, al 31 de marzo pasado, 206 instituciones del gobierno federal habían ya realizado su diagnóstico y comprometido cerca de mil cuatrocientas acciones encaminadas a prevenir estos riesgos. Estos compromisos se les dará seguimiento por la Secretaría Ejecutiva de la CITCC y su cumplimiento será  vigilado por los Órganos Internos de Control, dependientes de la Secretaría de la Función Pública,  en cada una de estas instituciones. Para esto se desarrolló una metodología de evaluación y seguimiento calendarizado en tres entregas antes de las elecciones.

La metodología contempla la revisión de diecisiete áreas de riesgo con sus respectivas acciones de seguimiento y un análisis especializado para blindar programas sociales (Alrededor de sesenta programas se revisarán). Asimismo, estados y municipios le darán seguimiento a este mismo tipo de riesgos, especialmente aquellos en los que haya fondos del gobierno federal, pero también extendiendo las acciones a todos los ámbitos del gobierno estatal y municipal, como mencioné en el caso de Aguascalientes.

El titular de una institución del gobierno federal mencionaba que parecía que ya se nos hacía natural que en la gobierno federal actual,  llegasen funcionarios a impulsar  este tipo de iniciativas y medidas y a pedirle su apoyo para evitar este tipo de riesgos, cuando en esas mismas oficinas apenas seis años atrás muy probablemente la petición era el desviar recursos para apoyar a un partido y sus candidatos. 

El esfuerzo no es menor. La tentación de que el servidor apoye a los candidatos y partidos de su preferencia está siempre presente aunque constituya un delito electoral penado con cárcel. El pedirle a los actuales funcionarios que se abstengan de entrar a la contienda electoral abusando de los recursos públicos a su cargo, cuando la regla por varios decenios fue lo contrario, resulta un cambio de cultura muy importante.

Pero se trata de consolidar la incipiente democracia. De que se respete el voto sin coacciones o chantajes. De que la contienda electoral se haga en condiciones equitativas y justas. Que gane el partido y los candidatos que elija la ciudadanía. Se trata del futuro de México y de la apuesta por la democracia.