28 de febrero de 2006
Con los escándalos recientes de funcionarios públicos que se enriquecieron de manera inexplicable, ha
surgido la discusión en los medios acerca de la necesidad de encontrar mejores
mecanismos para evitar que los gobernantes se enriquezcan de manera ilícita ya
sea en lo personal, utilizando a parientes para encubrir sus operaciones o simplemente para enriquecer a parientes y amigos.
Ante este reclamo ciudadano, algunos de los candidatos
a la presidencia ya hicieron pública su situación patrimonial y la de sus
esposas. Quedan pendientes algunos, que ante la presión de la ciudadanía e
incluso como estrategia de campaña, posiblemente también transparentarán sus bienes.
La ciudadanía está ofendida por este abuso del poder y
reclama transparencia en la actuación de los servidores públicos. En la
actualidad, los funcionarios del gobierno federal que tienen cargos desde jefe
de departamento hasta el Presidente de la República , tienen obligación de presentar ante la Secretaría de la Función Pública
Sin embargo esta declaración solo se puede hacer
pública si el funcionario así lo aprueba. Alrededor de un 70% de los
funcionarios federales han aceptado hacer pública su situación patrimonial. Basta
conocer sus nombres y apellidos y la dependencia donde trabajan, para hacer la
consulta en el portal www.servidorespublicos.gob.mx
.
El hecho de que la situación patrimonial sea pública constituye una herramienta de la
mayor importancia para que la ciudadanía constate si lo que gana el funcionario
es congruente con los bienes que posee. En este sentido la ciudadanía se
convierte en el primer vigilante de que no existan abusos por enriquecimiento
inexplicable o que si una persona detecta que el funcionario tiene inmuebles o
vehículos que no aparecen en su declaración, lo denuncie, dado que esto
constituye una falta administrativa grave y el enriquecimiento inexplicable es un delito que se castiga por
la vía penal.
La polémica por la falta de transparencia en sus
cuentas patrimoniales de ciertos ex- funcionarios públicos surge también porque lo que a nivel federal
está bien tipificado como obligación, a nivel estatal o municipal está mas
rezagado y en estos niveles de gobierno
es donde se han dado los mayores escándalos recientemente.
Una de las propuestas que están surgiendo con fuerza
es el hacer obligatoria la publicación de las declaraciones de situación
patrimonial de los funcionarios y de sus parientes más cercanos. Existen voces
que se han opuesto a esta iniciativa. En un artículo reciente, el Lic. Roberto
del Cueto, catedrático del ITAM en la
Cd. de México, recientemente publicó un artículo donde
argumentaba lo siguiente: 1. Los
funcionarios tienen derecho a privacidad en aspectos tan personales como las
características de su patrimonio. 2. El publicar información del cónyuge y sus
dependientes directos es una obligación que afecta a quienes no son servidores
públicos. 3. La seguridad del funcionario, de su cónyuge y dependientes se
podría poner en riesgo. 4. Las fortunas cuantiosas de funcionarios públicos no
son necesariamente habidas de manera ilegal. Finalmente este articulista comenta que tampoco
es bajando los salarios en el gobierno como nos aseguremos que los mejores
hombres y mujeres llegarán al sector público.
Me permito dar algunas opiniones respecto a los comentarios anteriores:
1. El derecho a la privacidad es importante, pero, dados
los abusos que han existido y con el propósito de desalentar la corrupción,
creo que es más importante la publicación de esta información. Debe prevalecer el interés nacional por encima del privado.
2. La secrecía
en el caso de cónyuges y dependientes directos no se justifica pues ha sido el
vehículo mas frecuente para ocultar enriquecimientos ilícitos. En todo caso, si
el dinero de cónyuges y dependientes es de origen lícito, transparentarlos no
hará daño, sino alejará cualquier sospecha.
3. La inseguridad que vivimos hace que este sea un
argumento importante en contra. Sin
embargo, lo mismo se argumentó cuando la Ley
Federal
4. La fortuna obtenida lícitamente deberá también
explicarse con claridad. A veces la opacidad de las grandes fortunas sirve
también para la evasión de impuestos. La transparencia en este sentido hablará
bien del servidor público y podrá rendir cuentas de su gestión y de su situación
fiscal.
En relación al comentario de bajar los sueldos,
coincido con el Lic. Del Cueto. Las organizaciones que se dedican al combate a
la corrupción a nivel mundial, tales como Transparencia Internacional, lo que recomiendan
es lo contrario: que se les suba el
sueldo a aquellas personas con mayores responsabilidades y riesgos de
corrupción a fin de que puedan resistir mejor las ofertas de soborno que les
hagan. El bajar el sueldo es una invitación a fomentar la corrupción. Un caso
muy notorio es el de Filipinas en donde los Secretarios de Estado ganan
alrededor de $10,000 pesos al mes y lo que ha ocurrido es que estas personas
amasan grandes fortunas gracias a las decisiones que toman para beneficiar a
ciertas personas. Siempre habrá interés por corromper a estos funcionarios
públicos y con los niveles de sueldo tan bajos será mucho más fácil hacerlo. Otro ejemplo es la policía. Un policía en Estados Unidos gana alrededor de $55,000
dólares al año. En México un policía preventivo no gana más $5,000 dólares al
año. ¿Cuál será más fácil de corromper?
La discusión a nivel federal es muy importante pero
hoy en día estamos viendo más casos de enriquecimiento inexplicable de
funcionarios estatales y municipales. Por ello es muy importante que en estos niveles del gobierno se tomen
medidas para transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos estatales
y municipales, e incluso de sus parientes más cercanos para que la sociedad observe
si se conducen con honestidad en los asuntos públicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario